La primera corresponde al número de empleados públicos (vulgo: funcionarios o funcionetas) que hay en España desde 2005 hasta el presente año. La segunda es el número de empleados que trabajan para el sector privado. Los datos son oficiales, extraídos de la Encuesta de Población Activa que hace el INEM. Para simplificar el gráfico he tomado el número de trabajadores en el tercer trimestre, ya que es la última cifra que conocemos del año en curso.
¿Qué nos encontramos? Lo primero y más llamativo es que en España hay un montón de funcionarios, aproximadamente unos tres millones desde hace ya bastantes años. A día de hoy, el 17% de los 17.320.300 trabajadores que hay en España viven del Estado o, mejor dicho, de los impuestos de las 14.328.600 personas que aún conservan su empleo en el sector privado. Esto no ha sido siempre así. En los buenos tiempos, allá por el otoño de 2007, cuando se alcanzó el récord histórico de empleo, el número de funcionarios era el 14% de un total de 20.510.600 personas trabajando.
Era ya un porcentaje altísimo, pero el país producía mucho y se podía permitir estos lujos. Había tanto dinero en las arcas de Hacienda que aquel año el Estado cerró con superávit. A partir de ese momento y en sólo unos meses la recaudación se desplomó. Las empresas empezaron a desprenderse de gente a toda velocidad. En 2008 el sector privado empleaba a 222.000 personas menos. El estatal, entretanto, había aumentado su nómina en 59.000 trabajadores más.
Aquello era sólo el aperitivo de lo que estaba por venir. En el tercer trimestre de 2009 el sector privado empleaba ya a 1.800.000 personas menos que en el mismo trimestre de 2007. En 2010 esa diferencia era ya de 2.208.000 personas, en 2011 de 2.643.000 personas y en 2012 de 3.250.000 personas. Una auténtica hecatombe laboral. En cinco años dos de cada diez empleados del sector privado han perdido su empleo y no han encontrado otro nuevo.
Cualquier observador externo, cualquiera que ignore de qué va el tema en España y cómo el país está secuestrado por la casta política y sus leales servidores de “lo público”, pensará que el Estado ha ido desprendiéndose de funcionarios a idéntica velocidad y cuantía que las empresas privadas. Pero no, nada de eso. Si en el tercer trimestre de 2007 había 2.931.900 empleados públicos, ahora hay 2.991.700 o, lo que es lo mismo, un 2% más, es decir, un par y con un par.
Y eso que la fiesta ya se ha acabado y la administración, muy tímidamente eso sí, está empezando a recortar suavemente la nómina funcionarial. Hace un año había 3.220.600 empleados públicos, esto es, un 10% más que en el punto máximo de la burbuja. Efectivamente, Zapatero se despidió a todo trapo rodeado de un recrecido pesebre de “defensores de lo público”, es decir, “de lo suyo”.
¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que “lo público”, eufemismo corriente para decir “lo estatal” o, directamente, "lo mío", no está en crisis, de hecho ni se ha enterado de la crisis. Empezará a estarlo (espero que pronto) cuando en lugar de tres millones de funcionarios haya algo más de dos millones, y así coincida el ajuste en el sector privado con el del público.
Y aquí aparece la cruel disyuntiva ante la que se encuentra el Gobierno. Si las administraciones largan funcionarios a la calle se encontrará en el corto plazo con más desempleados en la cola del INEM. Y eso es malo, especialmente para el majadero de Montoro. A cambio, en el medio y largo plazo, no necesitará pedir tanto dinero prestado y hasta, llegado el momento, podrá permitirse bajar los impuestos para reanimar la actividad económica y que así el sector privado empiece a crear empleo de nuevo.
Esto es lo que debió hacerse a principios de 2008, pero, como todo el mundo sabe, en aquel entonces la crisis era cosa de antipatriotas, jugadores de billar y gentes de mal vivir. Además, la teoría acompañaba. Recordemos que esa lumbrera de la economía conocida como Nachojcolar (asistido por iletrados como José Carlos Díez), repetía machaconamente que el Estado iba a salvar al capitalismo gastando a manos llenas y contratando funcionarios a manta para estimular la "demanda agregada".
Podría también bajar los impuestos y acometer liberalizaciones sin prescindir de un solo funcionario, pero entonces se encontraría que, de nuevo en el corto plazo, no podría atender al pago de nóminas o tendría que hacerlo pidiendo prestado fuera. Podría, por último, seguir como hasta ahora y encontrarse con que, dentro de un año o quizá antes, la destrucción de empleo en el sector privado, es decir, la parálisis en la máquina de generar riqueza, tampoco le permita seguir pagando funcionarios.
Esto último es lo que ha venido haciendo Rajoy desde que, hace justo un año, tomó las riendas del poder. Por de pronto ha perdido doce preciosos meses. Él también quiere tener su pesebre aunque, a diferencia de Zapatero, no le ha salido aplaudidor y agradecido, sino perrofláutico y protestón.
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