jueves, 16 de agosto de 2012

Una prórroga innecesaria

Los subsidios nunca crean riqueza, la destruyen. Este es un axioma económico que nuestra clase política se debería saber ya de memoria por la pura machaconería de los hechos. Pero no sólo eso. Un subsidio, aparte de destruir riqueza, genera un puñado de incentivos perversos que, si bien mejoran la situación del subsidiado en el corto plazo, empeoran la de todos en el largo.


La célebre “ayuda de los 400 euros” –funesto invento zapaterino que en realidad son 420 y ya se sabe lo puñetero que es el efecto multiplicador–, es eso mismo, un subsidio, y no una prestación, tal y como pretenden hacer creer sus defensores con la prestidigitación semántica habitual.

El primer incentivo perverso es la promoción activa de la pereza. Teniendo en cuenta que el salario mínimo en España supera por poco los 600 euros, ¿quién va a querer deslomarse ocho horas al día si por 200 euros menos puede permitirse no hacer más que poner la mano a fin de mes? Esta es la parte invisible de algo que todos ven a la perfección: una pequeña ayuda en metálico para quienes peor lo estén pasando. Pero la ayuda, el subsidio, no va a quienes peor lo están pasando, que tan fino no hila el Gobierno, sino a los que cumplen dos requisitos muy simples: estar en el paro, haber acabado con la prestación por desempleo y apuntarse a un curso.

Así, puede suceder y de hecho sucede que un parado con patrimonio o trabajando en el mercado informal reciba puntualmente a final de mes la transferencia del Estado, que es lo mismo que decir de todos los españoles. Puede suceder y de hecho sucede que lo mismo cobra los 420 euros un desempleado de más de cincuenta años con varios hijos a su cargo que un joven que vive con sus padres a gastos pagados. ¿Es eso justicia?
No existen mecanismos para evitar un uso fraudulento por la sencilla razón de que el planteamiento del subsidio lo impide. Es una tarifa plana a la que se accede cómodamente, sin dar demasiadas explicaciones y, por descontado, sin necesidad de liquidar activos por parte del beneficiario.